Fuente: Parlamentario.com
23-8-2012
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La Coalición Cívica respaldó a trabajadores y organismos de
derechos humanos querellantes en una causa en la que se investiga
la participación del secretario general de la Uocra
durante la última dictadura.
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Los
diputados nacionales de Coalición Cívica-ARI Carlos Comi y Fernanda Gil Lozano
(mandato cumplido) encabezaron una conferencia de prensa en el Congreso donde
dirigentes sindicales y organismos de derechos humanos ampliaron una denuncia
penal contra el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, a quien acusan de haber
actuado como agente del Batallón de Inteligencia del Ejército 601 durante la
última dictadura cívico-militar.
Luis Yedro, extrabajador de la construcción
denunció haber sido reprimido y despedido de Atucha II por oponerse a la
gestión de Martínez. Además, los sindicalistas reclamaron por el avance de la
denuncia que desde hace un año se encuentra a cargo del juez Ariel Lijo.
La situación ameritó un pedido de informes
impulsado por el diputado Horacio Piemonte (CC-ARI), con el apoyo de Fernando
“Pino” Solanas (Proyecto Sur), Victoria Donda (Libres del Sur), Graciela Ocaña
(Udeso) y Víctor De Gennaro (Unidad Popular), entre otros.
En este marco, Gil Lozano se mostró preocupada por
la “inacción” del Gobierno nacional frente al estancamiento de la causa, y
Oscar Castro del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines
(SITRAC) rechazó que “Martínez se presenta con la presidenta y le garantiza a
los grandes empresarios de la construcción la mano de obra más barata”.
Además, Castro aseguró que el Gobierno nacional
“mintió” al afirmar que Martínez permaneció en el Batallón de Inteligencia desde
1981: “El Gobierno no quiere investigar estas cosas porque sino va a saltar la
olla”.
La denuncia en cuestión fue realizada en julio de
2011 ante el Juzgado Federal Nº 4, con el propósito de investigar la posible
pertenencia de Martínez, como personal civil del Batallón 601 de 1976 a 1983. La Coalición Cívica
informó que “esa dependencia castrense fue definida judicialmente como
asociación ilícita en el marco del conjunto del plan criminal genocida
implementado por el Estado argentino durante ese tiempo”, y que “dentro de su
plan sistemático, fueron detenidos y desaparecidos 105 obreros de la
construcción, lista elaborada por la Conadep”.
El texto presentado a la Justicia señala: “El
batallón 601 no se limitaba a realizar tareas de inteligencia. Por debajo de su
estructura, existía la llamada Central de Reunión, que tenía a cargo ‘Grupos de
Tareas’ periféricos. La información que recolectaban se transmitía a la Central y posteriormente
al Batallón, desde donde se organizaban y se implementaban los operativos,
comandados por la dependencia de cada zona y se sometía a las personas
secuestradas a torturas durante los ‘interrogatorios’”.
Y agrega: “No puede sorprender, pues, que sean 105
los desaparecidos de la construcción registrados. De manera harto evidente, la
pertenencia del imputado Martínez como agente de inteligencia en un aparato
dedicado a la infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición
final de militantes populares, en forma simultánea con su actividad gremial en la UOCRA, que data según la
documentación anexa de la misma época, ha resultado determinante en el destino
de los compañeros obreros de la construcción que permanecen detenidos
desaparecidos. Dicha simultaneidad no resulta casual ni exclusiva del aquí
denunciado. La vinculación y colaboración recíproca entre el aparato represivo
estatal, oficial u oficioso, y la burocracia sindical representada por Gerardo
Martínez”.
En la misma documentación se denuncian actos de
violencia realizados por “matones” de la UOCRA contra trabajadores de otros gremios de la
construcción, en la provincia de Santa Cruz, San Luis y Buenos Aires. Esta
denuncia será elevada a la Organiazción
Internacional del Trabajo por los organismos de derechos
humanos y asociaciones de trabajadores comprometidos en la investigación
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