Esta mañana el SITRAIC junto a organismos de Derechos Humanos y otras organizaciones sociales ratificaron en los Tribunales de Comodoro Py la denuncia presentada el 12 de julio de este año contra Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA, por su participación como Personal Civil de Inteligencia en el Batallón 601 durante la dictadura militar.
En el escrito presentado ante el juez federal Sergio Torres, se incluyó a nuevos organismos de Derechos Humanos que quisieron ser denunciantes en la causa contra el burócrata sindical Martínez. Se solicita además en el mismo escrito que en función de la declaración pública del líder de la UOCRA en la que manifiesta que no integró el Batallón 601, se convoque a prestar declaración testimonial a los siguientes funcionarios para que informen si Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882, perteneció a dicho Batallón tal cual figura en la nómina oficial que el Ejército Argentino le envió a la entonces Ministra de Defensa Nilda Garré:
· General César Gerardo Milani, Director Nacional de Inteligencia;
· Ministra de Seguridad de la Nación (ex ministra de Defensa) Nilda Garré;
· Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak;
· Ministro de Defensa de la Nación, Arturo Puricelli;
· Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde;
· Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria.
Llegó la hora de que los funcionarios intervinientes y fundamentalmente, el propio Martínez, dejen de hacerse los distraídos y colaboren con la justicia.
Organismos denunciantes
SITRAIC (Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines); la AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos); la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Instituto de Relaciones Ecuménicas (IRE); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); LIBERPUEBLO; la Agrupación por el esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA); Movimiento Territorial Liberación; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA); la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA); Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad; Colectivo Popular por los Derechos Humanos del Movimiento Popular La Dignidad; CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional); CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos); CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo); y APEL ( Asociación de Profesionales en Lucha).
