En el día de ayer, al cumplirse 198 años del aniversario de la independencia nacional, el Vicepresidente Amado Boudou encabezó el acto oficial en la provincia de Tucumán.
Nos encontramos ante un hecho que merece una mención. Es que el Vicepresidente se encuentra actualmente procesado por la apropiación de la empresa Ciccone, es investigado por enriquecimiento ilícito y denunciado por fraguar su declaración jurada.
En su breve discurso no se privó de elogiar las gestiones oficiales para consagrar el pago a los fondos buitres, en sus palabras “Tenemos capacidad y voluntad de pago”.
Mientras el gobierno entrega el ahorro nacional a los fondos buitres y honra sus vínculos con el capital financiero, la industria de la construcción cayó un 2,9% en mayo y acumula una baja del 4,4% en un año. Cuestión que se agrava al contabilizar el sector informal.
Un gobierno cuyo vocero público se encuentra implicado en casos de corrupción, y que apela a un nuevo endeudamiento como salida a la actual crisis, es un gobierno en disolución entregado a la agenda de las patronales.
La continuidad de Boudou en su cargo debe ser sometida a una consulta popular.
Los mismo vale para decidir si los recursos del ahorro nacional deben ir a parar al bolsillo de la usura nacional e internacional, o a poner en pie un plan de industrialización nacional que defienda los puestos de trabajo.
