Fuente: Partido Obrero
El miércoles 8 de febrero comenzó el juicio contra el integrante de la Comisión Directiva del Sitraic, Carlos Olivera. Un grupo muy importante de organizaciones de derechos humanos, con una fila entera de Madres, con dirigentes políticos de la izquierda y del movimiento popular en la sala, presenció toda la sesión acompañados por una movilización en la puerta. Gran contraste con una Uocra que sólo llevó siete matones, acompañando al matón afectado, víctima de un balazo de lo que fue un enfrentamiento interbandas en la puerta de una obra de Lomas en 2009. Acusan a Olivera por homicidio en tentativa, porque estaba presente en el lugar, pero inocente de los hechos.
La causa contra Olivera es un montaje de la burocracia de Gerardo Martínez, así lo denunció en detalle Víctor Grossi, secretario general del Sitraic en una declaración de hora y media. La víctima, que recibió un balazo frente a una obra en disputa, en la que el Sitraic llamó a una asamblea, es también un ex convicto de una causa por violación; la Uocra entera es un sistema de bandas contratadas (dos de las cuales se enfrentaron ese día), para sostener el aparato de dominación burocrática. La gran mayoría de los testigos contra Olivera son empleados del sindicato y policías, no hay un solo obrero de la obra. En audiencias posteriores, uno de los testigos presentados por la Uocra llegó esposado por asaltos cometidos después del hecho.
La aparición de varias páginas en Clarín que describen el origen de todo el aparato de la Uocra tres días antes del juicio fue un golpe político. Se demuestra que es Gerardo Martínez quien debería estar sentado en el banquillo de los acusados, por su colaboración con el Batallón de Inteligencia Militar 601 bajo la dictadura, de donde salió la cúpula del armado de la "seguridad" actual de la Uocra.
El gobierno protegió la identidad de este buchón hasta el final, porque era su apuesta para un eventual relevo de Moyano al frente de la CGT. Eduardo Luis Duhalde lo retaceó en el listado que entregó a la prensa. La revista "XXIII", propiedad del alcahuete militante Sergio Spolzski, publicó la lista mutilada. Más tarde, la secretaría a cargo de Duhalde lo "desvinculó" de los crímenes cometidos por la dictadura, a pesar de que el Batallón 601 ha sido definido judicialmente como una "asociación ilícita en el marco del plan criminal genocida" de la dictadura. Martínez, justamente, integró esa "asociación ilícita" de represores y, gracias a ella, se encaramó en la conducción de la Uocra sin haber tocado un ladrillo en toda su vida.
La lucha por la absolución de Carlos Olivera es parte integral de la lucha por la expulsión de la burocracia de Gerardo Martínez de la Uocra y por la organización del gremio.
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