Por Alan Ferraro
El denominado Grupo de los ocho (GEN, Li.Pe.Bo, peronismo disidente y Coalición Cívica) se impuso ayer en el HCD y consiguió el quórum para abrir dos sesiones extraordinarias donde se aprobaron, por unanimidad, dos pedidos de informe. El primero se refiere a la venta irregular en el distrito y el segundo, a la muerte de dos operarios de la construcción. Aunque la oposición logró su cometido, mínimo fue el debate sobre posibles soluciones a ambas problemáticas.
Sorpresivamente, en las dos sesiones extraordinarias que se realizaron ayer en el HCD de Lomas de Zamora, el autodenominado Grupo de los ocho aprobó, con consenso del resto de los bloques, dos expedientes relacionados con la venta ambulante y con la muerte de dos trabajadores de la construcción que, según se denunció, habrían sido empleados en negro. Más allá de haberse tratado los proyectos en el recinto, lejos quedaron los debates en torno a cómo solucionar esas situaciones irregulares.
A las 12 de ayer se abrió la primera sesión extraordinaria del año, convocada por el grupo opositor integrado por la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), la Generación por un Encuentro Nacional (GEN), la Liga Peronista Bonaerense (Li.Pe.Bo) y el Peronismo Disidente (PD). Sorpresivamente, el autodenominado Grupo de los ocho logró que los 23 concejales (excepto la edil Marita Velázquez, quien estuvo ausente) ocuparan sus bancas y dieran quórum para tratar temas conflictivos para el Departamento Ejecutivo.
En esta primera sesión, el proyecto que se puso a consideración del cuerpo fue un pedido de informe referente al desalojo de los puesteros de la estación ferroviaria de Lomas de Zamora y de la renovada calle Boedo, quienes mantienen, desde el viernes pasado, un acampe de protesta en la plaza Grigera. Estando una comitiva de veinte de ellos dentro del recinto, el primer edil en hablar fue Jorge Ferreyra (PD), quien consideró: “Estamos a favor de las familias y de todos los puesteros. Proponemos el diálogo. No podemos embellecer la ciudad y dejar a 35 familias en la calle. Tiene que haber una solución”.
Por su parte, el candidato a intendente de la CC-ARI, Rosendo Pedernera, remarcó que los vendedores ilegales “están hace muchos años por la precarización y flexibilidad laboral que hicieron que salieran a crear sus fuentes de trabajo”. Según el concejal, “el Estado Municipal debe generar el ámbito para regularizar los puestos. Hay que acompañarlos desde el HCD en las instancias del Ejecutivo para que se encuentre la mejor solución a esta situación”.
Quien lo siguió en el uso de la palabra fue su par de bloque, Julio Gutiérrez, quien efusivamente reconoció, “junto a los demás concejales”, que “somos responsables de lo que pasa en nuestra sociedad”. En este sentido, reflexionó sobre las causas macroeconómicas que obligaron a los vendedores ambulantes a instalar puestos ilegales: “Es culpa, no sólo de este gobierno, sino de todos los procesos donde se han impuesto políticas neoliberales que han regalado empresas que generaban empleo y albergaban a miles de obreros y trabajadores para que, dignamente, llevaran el salario a sus familias.”
Por su parte, el precandidato a intendente por el denarvaísmo, Gabriel Mercuri, felicitó “al resto de los bloques por sentarse a debatir” y expresó: “Los vendedores son trabajadores que quieren estar dentro del sistema, quieren tributar. Muchos de ellos ya tenían habilitaciones para tener puestos y, sin explicación alguna, de un día para otro les dijeron que tenían que levantar el puesto. Piden ser reubicados en un lugar que los contenga y les sirva. Vamos a tratar de que exista un diálogo que pueda dar una solución que dure en el tiempo”.
En esta línea, el concejal de Unión Celeste y Blanco, Sebastián Leporace, respaldó el reclamo de los vendedores ambulantes. “Apostamos a encontrar un canal de diálogo porque hay familias que tienen que comer”, manifestó. Desde el bloque del Frente Para la Victoria, Alfredo Fernández consideró que la decisión de desalojar a los puesteros fue política y advirtió: “Tomar decisiones políticas implica estar preparado a atender las consecuencias”. De todas formas, explicó que ya se habían establecido instancias de diálogo desde la Secretaría de Gobierno. “Habrá que profundizarlas para atender a este sector que existe desde que existe la Patria y comenzar a debatir una nueva ordenanza que regule estas actividades”, declaró.
Seguidamente, el edil de Li.Pe.Bo, Diego Cordera, pidió la palabra para cuestionar la forma en que se dio el desalojo: “¿Por qué no fueron escuchados y, de un día para otro, les dijeron que se buscaran otro trabajo?” Al concluir su alocución, pidió la banca del vecino y, con el consenso de los demás bloques, el puestero César Ovalar tomó la palabra. En un tono cargado de emoción, pero también de convicción, el vendedor planteó: “Creemos firmemente que están dadas las condiciones democráticas e históricas para que, de una vez y por todas, exista una ordenanza o una ley que nos regule y ampare”.
Frente a la oferta que realizó el Secretario de Gobierno de la Comuna a los trabajadores, de incorporarlos a la planta municipal con un sueldo de 2600 pesos o de trasladarlos a una feria franca periférica, Ovalar manifestó: “Le salimos 0 pesos al Estado y no queremos desangrarlo siendo un costo innecesario”. Y concluyó: “Nadie ignora a la Salada, la feria ilegal más grande de Sudamérica. Queremos pagar impuestos y que nos incluyan legalmente a la sociedad como lo que somos, ciudadanos vendedores ambulantes. Dennos la posibilidad de ser ciudadanos incluidos y no ciudadanos perseguidos”. Desde el bloque del Partido Justicialista (PJ), el presidente Juan María Viñales se limitó a responder: “Siempre vamos a escucharlos y a dar el debate al que convoca, en este caso, la oposición”.
Por unanimidad, se aprobó el pedido de informes al Departamento Ejecutivo referente a la venta ambulante y en puestos sobre la calle Boedo y las inmediaciones de la estación. Sin embargo, no se debatió ninguna medida concreta tendiente a solucionar la situación del comercio ilegal en el distrito. Mientras tanto, desde el bloque oficialista aseguraron que se continuará intentando crear canales de diálogo a través del secretario de Gobierno, José Antonio Romero.
Una vez concluida esa sesión, comenzó la otra extraordinaria que, también, había sido convocada por el Grupo de los Ocho. Bajo la atenta mirada del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Afines (SITRAIC), Víctor Grossi, se debatió en el recinto el proyecto de resolución a través del cual se le pidió al Departamento Ejecutivo que informe sobre la muerte de dos trabajadores de la construcción, supuestamente empleados en negro, en dos obras de Lomas.
Por el lado del PD, Ferreyra apuntó al Departamento Ejecutivo: “El deber de la Intendencia es controlar y estar donde haya problemas y responder todos los pedidos de informes sobre obras irregulares que pidió este HCD. No puede haber oficinas donde el plano dice que son departamentos”.
En esta misma línea, Mercuri dijo: “Si no responden los pedidos de informes que ya votó este HCD, vamos a ir a buscar la información a La Plata, caiga quien tenga que caer”. El concejal Gutiérrez, por su parte, calificó de “inaudita” e “inmoral” la muerte de los dos obreros porque “la empresa no cumplió con las medidas de seguridad”.
Según el edil, “Hace rato que venimos denunciando irregularidades en las obras y en la contratación del personal. Hay contratos basura en Lomas de Zamora donde no pagan ni indemnización”. Desde el FPV, Fernández consideró que las obras “deben ser controladas y habría que evaluar algún convenio con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para cooperar contra el trabajo en negro”.
En su alocución, el concejal Pedernera no se opuso a esta posibilidad, aunque se quejó de que los trabajadores “sufran y mueran en las obras producto de la precarización laboral” y atribuyó al Municipio lo que denominó una “responsabilidad primaria”. Esta sería la de intervenir en la planificación “sustentable” de la ciudad para que haya servicios que alcancen para sostener el boom inmobiliario y para que exista “seguridad laboral”. En esta línea, añadió: “Por un metro cuadrado, el costo laboral es de 24 pesos y, con la obra terminada, el precio es 2500 dólares. Es hora de discutir el concepto de sustentabilidad”.
Finalmente, luego de aprobarse por unanimidad el proyecto de resolución para que el Departamento Ejecutivo informe sobre la muerte de dos trabajadores de la construcción, presuntamente empleados en negro, se volvió a pedir la banca del vecino. Esta vez habló, en representación del SITRAIC, un colaborador del gremio, Oscar Castro. “Nosotros recorrimos 136 obras. Hay 400 en el distrito. Sobre 1400 trabajadores, 1200 están en negro.” Y se preguntó: “¿Cómo se llama eso? Por eso decimos que Lomas de Zamora es la capital del trabajo en negro”.
Para referirse a las “precarias condiciones de trabajo que se cobraron la vida de dos compañeros”, Castro leyó una lista de empresas que consideran responsables del empleo irregular: “Comito, Rinar, Arquitectos Papasaraga y Asociados, Demoliciones El Puente, Demoliciones Rotur, César Moroni, Arquitectos Alfredo Iglesias, Arquitecto Juan Fassio”. Tras hacer esta denuncia pública, que ya consta en actas taquigráficas, Castro concluyó: “Señores legisladores, les damos nombre y apellido de los responsables, no nos lavamos las manos. Acá hace falta un responsable político, un gobernador, un intendente”.
Luego de este encendido discurso, en una nueva sesión extraordinaria se aprobó, por unanimidad, una modificación a la ordenanza fiscal para corregir un aumento desmedido en la tasa de servicios generales que se había producido a fines del año pasado y que produjo un reclamo generalizado de vecinos.
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