Detuvieron a Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra

Fuente: Página 12

ALLANARON LA CASA DEL LIDER DE LA UNION FERROVIARIA, EN LA CAUSA POR EL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

Tras las huellas de Pedraza en las tercerizadas

Página/12 pudo saber que por orden de la jueza Wilma López se requisó documentación en el domicilio del secretario general de la UF, en la sede sindical y en la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, vinculada con el hijo de José Pedraza.

Por Irina Hauser

La jueza Wilma López busca las razones del crimen de Mariano Ferreyra en el círculo íntimo del líder de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza y adentro de su propia casa. El inmueble, un departamento en una torre de Puerto Madero, formó parte del itinerario de los allanamientos que se realizaron hace diez días, también en oficinas del gremio y de la Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur. Los investigadores se llevaron documentación de todas partes y obtuvieron las primeras evidencias, según pudo saber Página/12, que probarían el vínculo de Pedraza y la cúpula del sindicato con la cooperativa allanada, que es una de las tercerizadas utilizadas para pagar bajos salarios a los empleados ferroviarios, contratarlos fuera de los convenios colectivos y despojarlos de derechos laborales. Esa confluencia entre intereses sindicales y patronales era, de hecho, uno de los ejes de la protesta en la que participaba el militante del Partido Obrero (PO) cuando fue asesinado el 20 de octubre.

Aquel día un grupo de tercerizados del ferrocarril Roca, apoyados por agrupaciones políticas y sociales, habían ido a cortar las vías a la estación Avellaneda, en reclamo de la reincorporación a planta permanente de todos los contratados a través de empresas que están por fuera de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que administra las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur bajo tutela estatal. Esas “tercerizadas” son una veintena y comenzaron a funcionar hace algo más de tres años. Muchos de sus empleados, junto con despedidos de Ugofe, ponían el dedo en la llaga al denunciar la participación del gremio en el negocio de esa forma de flexibilización. La intención de bloquear las vías como protesta quedó frustrada por el apriete de una patota de la UF que, ensañada, también atacó a los manifestantes con piedras y armas de fuego en el momento en que se retiraban. Mariano murió por un disparo en el abdomen. Otras tres personas sufrieron heridas de bala.

Todo hace suponer que en los procedimientos que se hicieron el viernes 11 en oficinas de la UF, en la cooperativa, en la casa del segundo del gremio, Juan Carlos “Gallego” Fernández, e incluso en la de Pedraza, la jueza fue a buscar pistas para establecer los “móviles” del accionar de los matones del sindicato, que con el argumento de “evitar un corte” en el servicio de la línea Roca habían ido armados para matar, y mataron. Los allanamientos habían sido requeridos por el fiscal Fernando Fiszer –quien reemplaza a Cristina Caamaño, actual viceministro de Seguridad– en plan de determinar por qué había tanto interés de la UF de actuar con semejante brutalidad contra los trabajadores tercerizados. La fiscalía, de todos modos, hace tiempo considera que hay pruebas para indagar a Pedraza y Fernández por el homicidio; dos semanas atrás le reclamó a la magistrada que los detuviera y los interrogara como sospechosos, algo que aún no resolvió.

Enemigo íntimo

La Cooperativa de Trabajo Unión del Mercosur, encargada de canalizar los contratos de personal de limpieza y mantenimiento de vías, había sido señalada en la causa por varios testigos como paradigma de las tercerizadas y la precarización del trabajo ferroviario, con salarios de 2200 pesos, la mitad que el de los empleados de planta. Además, atribuían la propiedad y la conducción de la firma a Pedraza y su entorno familiar. Decían que el Gallego Fernández habría oficiado de gerente y que Pablo Díaz se presentaba como delegado del personal.

Cuando allanaron la cooperativa, los investigadores encontraron indicios de que uno de los despachos lo usa Maximiliano Pedraza, hijo del jefe del gremio, quien allí recibiría correspondencia a su nombre, informaron allegados a la causa. Se llevaron otros tantos papeles que acreditarían, así, que el gremio es patrón de sus trabajadores, lo que podría explicar la vocación de la UF por mantener un modelo de bajo costo que afecta a su propia gente.

Oficialmente, Unión del Mercosur no tiene a ningún Pedraza entre sus socios, pero su presidente es Raúl Castellano, secretario de Medios de Comunicación de la UF y muy cercano al líder sindical; el vice es Armando Matarazzo, secretario de Finanzas del sindicato, y el secretario es Domingo Galeano, secretario de Emprendimientos Laborales de la UF. Una de sus asambleas se hizo en la sede de la propia UF. Así figura en los registros del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) –que dependen del Ministerio de Desarrollo Social– según constató Página/12. En el organismo explican que ellos no tienen “poder de policía” sobre las cooperativas y que sólo les compete verificar que tengan sus balances en orden.

Algunos testimonios de ferroviarios descontentos describían cómo funcionaba, al menos hasta noviembre, esta tercerizada ligada al entorno de Pedraza: decían que obligaba a sus empleados a asociarse (como cooperativistas), no los encuadraba en ningún convenio o los empleaba en el de la Uocra (para pagar menos), no tenían asignaciones familiares, ni vacaciones pagas, ni indemnización por despido. De los 1500 trabajadores contratados a través de este tipo de empresas externas para trabajar en tareas ferroviarias, cerca de 200 pertenecían a Unión del Mercosur. Y algunos de ellos estaban en la protesta en la que fue asesinado Ferreyra. En enero el Gobierno comenzó el proceso de traspaso de los tercerizados a planta permanente.

En el departamento allanado de Pedraza, los sabuesos encontraron, entre otras cosas, el contrato de su esposa Graciela Isabel Coria, secretaria del consejo directivo de la empresa Belgrano Cargas, que en los noventa quedó en manos de la UF, tras la privatización de todos los servicios de carga. Pedraza y señora son investigados por el uso de facturas truchas para cobrar subsidios por más de 10 millones de pesos. Aunque el hallazgo no tiene relación con la causa por el homicidio de Ferreyra, pintaría los presuntos negocios familiares con subsidios ferroviarios.

La abogada del PO, Claudia Ferrero, recordó que en la causa declaró un ex directivo de Ugofe, quien denunció que la empresa se quedaba con un 30 por ciento del dinero que el Estado enviaba para su sueldo, algo que creía que se repetía con el resto del personal. “Suponemos que lo mismo sucedería con los tercerizados”, señaló Ferrero. García es uno de los testigos que recientemente denunciaron amenazas. También había declarado que el Gallego Fernández y el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Guillermo Luna, definían quiénes debían ser contratados para la línea Roca y a qué tercerizadas se destinaban los subsidios.

Pendientes

Cuando la jueza López procesó en noviembre último por homicidio calificado a siete integrantes del grupo de choque, afirmó que respondían a la UF y mostró cómo se habían movido bajo las órdenes del delegado Pablo Díaz, secretario de la Comisión de Reclamos de Ugofe, uno de los detenidos. En la misma resolución ya daba indicios de que podría buscar en la cúspide del gremio a los autores intelectuales del crimen de Mariano. Le daba importancia al análisis de “problemas en el ámbito de la actividad ferroviaria que están relacionados con el sistema de contratación de personal por parte de las empresas tercerizadas que realizan tareas específicas para la Ugofe y cuyo salario es sensiblemente menor”, y consignaba en la enumeración de pruebas del expediente los llamados constantes que el Gallego Fernández intercambió con el delegado Díaz en pleno ataque a los tercerizados. La fiscal Caamaño sostuvo entonces que ese dato, sumado a la corroboración de que mientras Fernández le daba instrucciones a Díaz estaba en compañía de Pedraza en la sede de la UF, eran suficientes para imputarlos e indagarlos.

Uno de los papeles incautados en la UF es el “original” del trámite de ingreso vía Ugofe del barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale, donde su nombre era sugerido para un puesto ferroviario junto con otros, poco antes del homicidio de Mariano. Estaba firmado por el Gallego Fernández. Para Caamaño ese documento era de gran importancia. Al pedir las indagatorias de Fernández y Pedraza, sostuvo que a la hora de organizar la patota, para tentar a los matones les ofrecían “un rédito económico” como asegurarles el empleo, en el caso de Favale, “o el de sus familiares” “o mejores expectativas para aquellos que fueran empleados”. La jueza está haciendo ahora su propio armado del rompecabezas.

“Estaban conectados”

Para la fiscalía, el líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, fueron “instigadores” del homicidio de Mariano Ferreyra y los hechos de violencia que lo rodearon. Así describió la conexión la patota sindical:

El delegado Pablo Díaz daba las directivas al grupo de choque y “se iba comunicando permanentemente con Fernández y éste a su vez lo hacía personalmente con Pedraza; Fernández y Pedraza se encontraban en la sede de UF. Se puede concluir que todos estaban conectados y coordinados en el mismo momento en el que los acontecimientos se desarrollaban, por lo que no se descarta la intervención de Fernández y Pedraza en el hecho. Ellos tenían el conocimiento de lo que ocurría, que se convocó especialmente a un grupo de personas lideradas por Cristian Favale, a efectos de agredir físicamente y sin importar los medios al grupo de trabajadores ferroviarios tercerizados y a sus acompañantes, para de ese modo impedir sus reclamos actuales y potenciales”.

“Pedraza, Fernández, Díaz y Claudio Alcorcel, con otras personas que aún no fueron individualizadas, instigaron y organizaron” al grupo de choque.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIDEN LA INDAGATORIA DE POLICIAS FEDERALES POR EL HOMICIDIO DE FERREYRA

Por dejar actuar a la patota

La fiscalía solicitó que se cite a declaración indagatoria a los policías por “facilitar los medios para alcanzar la impunidad de los hechos” a la patota de la Unión Ferroviaria acusada de haber asesinado al militante del Partido Obrero.

Por Irina Hauser

En la investigación por el homicidio de Mariano Ferreyra ya hay policías federales acusados con nombre y apellido. El fiscal Fernando Fiszer pidió ayer la indagatoria de cinco uniformados a quienes responsabiliza de haber permitido que una patota de la Unión Ferroviaria (UF) asesine al joven militante del Partido Obrero, quien acompañaba una protesta de trabajadores tercerizados, y de haber “facilitado los medios para alcanzar la impunidad de los hechos”. El dictamen, al que accedió Página/12, afirma que el personal policial incluso propició el ataque de los matones, a pedradas y balazos, al correr los patrulleros y despejarles el camino hacia los manifestantes en el momento en que se retiraban. Luego permitió que los agresores huyeran y ocultaran las armas, omitió notificar a la Justicia, no preservó las pruebas, utilizó teléfonos que impiden registrar el contenido de sus conversaciones e interrumpió su propia filmación de los sucesos en el momento de mayor violencia. La fiscalía reitera, además, que el titular de la UF, José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, deberían ser considerados tan implicados en el homicidio como los siete detenidos como sus autores materiales.

Dos de los policías imputados por Fiszer son los que estaban a cargo del operativo: el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal, y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca. Los otros tres agentes bajo sospecha son Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; Rolando César Garay, subcomisario de la seccional 30ª, y David Ismael Villalba, agente de la División Exteriores de Video de la Federal. Los delitos que se les podrían atribuir van desde incumplimiento de sus deberes hasta el encubrimiento del homicidio de Mariano y la tentativa de asesinato de otras tres personas. La jueza Wilma López debe decidir ahora si los cita como sospechosos.

El fiscal Fiszer –quien reemplaza a Cristina Caamaño desde que asumió como viceministra de Seguridad– sostuvo que los policías “omitieron” cumplir su obligación “de impedir” el despliegue violento y armado del grupo de choque de la UF. “Contaron con los medios para evitarlo, estaban obligados a hacerlo en razón de su posición de garante y no ordenaron interrumpir la conducta de los nombrados, abandonando a su suerte a las víctimas y poniendo en peligro la vida y la salud de los mismos, lo cual derivó en los resultados señalados”, sintetizó la pasividad. “El accionar policial –añadió a renglón seguido– no se limitó a ese estadio previo, sino que posteriormente se facilitaron los medios para alcanzar la impunidad sobre el hecho. Permitieron que los autores huyan y oculten los elementos utilizados para el ataque, no se adoptaron los recaudos para la obtención y preservación de la prueba en el lugar del hecho y no revelaron la totalidad de los elementos que en el lugar se hallaban.”

¿A quiénes dejó actuar y luego habría intentado proteger la Policía Federal? La fiscalía hace una enumeración y en la lista incluye a Pedraza y a Fernández en la misma condición que a los siete hombres que ya están detenidos, que son los barrabravas Gabriel “Payaso” Sánchez y Cristian Favale, los delegados Pablo Díaz y Daniel González, el picaboletos Guillermo Uño, el portero de los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez y el empleado Salvador Pipitó. Al líder del gremio, a Fernández y Díaz los considera “instigadores”, al igual que a otro ferroviario, Claudio Gustavo Alcorcel, quien habría intervenido como nexo entre un grupo que respondía a Favale y Díaz (ver aparte).

Al recapitular los sucesos del 20 de octubre y la relación de la Policía Federal con el desenlace, la fiscalía distingue tres momentos. Primero, unos treinta tercerizados y despedidos de la línea Roca que reclamaban sus puestos de trabajo intentaron cortar las vías en la estación Avellaneda, con apoyo de agrupaciones sociales. Cerca de cien ferroviarios afines a la UF, al mando de Pablo Díaz, llegaron amenazantes y “se interpusieron” para evitar el bloqueo. Los tercerizados se fueron bordeando las vías, por la calle Bosch, mientras parte de la patota los seguía por el terraplén. Al llegar al puente que cruza el Riachuelo, ambos bandos se enfrentaron con piedras y otros objetos, pero la policía los separó. Los tercerizados siguieron hasta Luján y Santa Elena, donde hicieron una asamblea, a la que se sumó más gente. En el ínterin, el grupo de la UF se juntó con otro que venía al mando de Favale. La Federal interpuso tres patrulleros “sin adoptar ningún recaudo”, pese a que la “agresividad” de la fuerza de choque del gremio “era ostensible”, señaló la fiscalía. Cuando la patota bajó del terraplén y fue derecho a abalanzarse sobre los tercerizados con palos, piedras y bulones los patrulleros se corrieron, como si les liberaran el paso. Fue entonces que Favale y Sánchez comenzaron a disparar con armas de fuego. “El personal policial se limitaba a observar”, dijo Fiszer. Se mantuvieron en esa postura de “espectadores”, que sólo cambiaron “para detener la marcha de los damnificados y no la de los autores materiales” de “los disparos y lanzamientos”, a quienes “se les facilitó la fuga”.
El fiscal acusa a los policías de: “no interrumpir” el ataque del grupo de choque; “omitir brindar el apoyo” que pedía la seccional 30ª; ordenar a los subalternos seguir a los grupos a distancia, “sin intervenir” (“Expectantes, no sea cosa que después las dos facciones antagónicas se unan contra nosotros”, se escuchó en las modulaciones, como reveló Página/12); no ordenar “la inmediata detención de los agresores, el secuestro de los materiales utilizados” ni “arbitrar los recaudos para la preservación de la prueba”; “omitir dar inmediata intervención” al juez y al fiscal de turno; evitar la obtención de imágenes directas de la zona de la gresca y cortar todo registro fílmico al momento de los disparos (no hay imágenes entre las 13.33 y las 13.39); “omitir la utilización de un medio de comunicación que permita el registro de su contenido, utilizando en su lugar los teléfonos denominados POC” (que impiden guardar las conversaciones) en contra de una orden interna de 2003 que obliga a “registrar todo lo actuado”.

A Mansilla, que lideró el operativo, se le atribuye incluso haber mentido al pasar por radio un parte de la situación con “información falsa”. “La gente de la UF ha descendido a la calle, pero sin ninguna represalia con el otro grupo que está a 200 metros”, decía el comisario en el momento en que la patota en realidad estaba entrando en acción contra los tercerizados y las organizaciones que los acompañaban. Al igual que a su colega Ferreyra, también se le endilga haber permitido la presencia de al menos catorce policías de civil, contra una orden policial interna de 2006 que los obliga a estar identificables en manifestaciones masivas.