04/02/12 - 23:10
Fue una mañana de 1978, en pleno genocidio, cuando Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882, fue presentado al teniente coronel Pedro Armando Coria en la oficina del primer piso de la sede de la UOCRA, intervenida por la dictadura militar. “Este muchacho es de confianza…”, dijo Segura, del gremio de la Carne, que lo había acercado. El coronel le dio la mano y Martínez sonrió.
Ese encuentro cambiaría su vida. Había llegado a Rawson 42 con un vaquero Far West con bocamanga de felpa cuadrillé, un par de mocasines y una camisa leñadora azul y blanca. Tenía un título de egresado como técnico mecánico del ENET de San Fernando, había militado en la Juventud Sindical Peronista (JSP) e incluso había trabajado en Ferrocarriles Argentinos. Su padre era ferroviario. Hasta entonces, con 22 años, Gerardo Martínez nunca había trabajado de albañil. Ni lo haría jamás. Pero no se movería de la UOCRA por el resto de su vida.
El interventor tenía otros antecedentes. Hombre de Infantería al servicio del Primer Cuerpo de Ejército, había sido subordinado del general Acdel Vilas para la represión militar en el “Operativo Independencia”, en Tucumán. Como a Vilas habían intentado envenenarlo con comida, Coria había tomado la precaución de hacer revisar cada plato que salía del comedor.
El coronel Coria había llegado al gremio a “cortar cabezas”. Su proyecto -en realidad, el de la dictadura- era agenciarse del dinero de las obras sociales y que formar un sindicalismo le respondiera. Rogelio Papagno, titular de la UOCRA hasta el golpe de Estado de 1976, estaba encarcelado en un barco junto a otros peronistas de primera línea. Coria buscaba reducir a los disidentes de las líneas intermedias y formar dirigentes afines que mantuvieran la relación con los trabajadores y llevaran a cabo el proyecto militar dentro del sindicalismo, que conducía el Ejército. Todos los interventores gremiales eran de esa fuerza. En ese marco se inscribe la vinculación de Gerardo Martínez con la UOCRA en 1978.
Tras unos días en la Secretaría Administrativa, donde conocería a Susana, su esposa, Martínez comenzó a actuar como “colaborador gremial”. Debía observar si en las obras se cumplían con los requisitos de seguridad y los papeles estaban en orden. Para los “colaboradores gremiales”, que habían respondido a Papagno durante el 73-76 y se mantuvieron en el gremio, Martínez no era bien visto porque “era un hombre de la intervención militar”. Preferían no compartir las visitas a las obras con él. Era cierto: en poco tiempo, Martínez se había convertido en una suerte de “secretario privado” del interventor militar.
Protegido por Coria, trabajando en el box del primer piso de Rawson 42, sin hablar de lo que no sabía, llevando y trayendo papeles, Martínez fue creciendo. Básicamente, fue entendiendo. La actividad sindical estaba prohibida, pero en las obras los obreros podían plantear condiciones laborales, y los delegados empezaban a recurrir a la UOCRA para pedir apoyo. Existía cierto margen de maniobra y Martínez la aprovechó. Tenía un lema que a veces repetía frente a los suyos: “Información, base para la acción”.
Poco tiempo después llegaría su salto político en el gremio. Fue con la intervención en la UOCRA de Capital Federal de Juan Alejo Farías, que había sido delegado en Mosaicos Campolonghi, ex hombre de Papagno y que se había ido acomodando al tiempo de los militares. En el gremio, empezaron a llamarlo “El Sargento” Farías. Con él, Martínez se convirtió en un jefe orgánico de la UOCRA. No tenía una formación política sólida, pero sí una educación media que no era un dato menor dentro del gremio. Y a diferencia de Farías, a Martínez, cuando hablaba, se le entendía. Esto representaba un aporte importante a su capacidad de conducción.
Martínez ya tenía dos radios de acción: En Pringles 30, sede de UOCRA Capital, junto a Farías. Y en Rawson 42, sede de UOCRA nacional, junto al coronel Coria. Los delegados obreros que visitaban el gremio en busca de mejores condiciones laborales o la habilitación de algún predio para los afiliados, sabían que Martínez tenía línea directa con el coronel Coria y “El Sargento” Farías. “Si hablaban con él, estaban hablando con la intervención”, explicó a Clarín una fuente gremial.
Subordinado a ambos, Martínez fue construyendo su propio armado político y de seguridad. Había llevado a la UOCRA a Hugo Ferreyra -amigo de juventud-, trajo gente del sindicato de la carne y de gastronómicos y fue formando sus propios “colaboradores gremiales”, entre ellos Juan Ladina, quien 20 años después iría a prisión por pedir “coimas”(véase recuadro página 36). Martínez ya leía peronismo. Incluso más, en su departamento de la calle Vuelta de Obligado, en Belgrano, tenía El Libro Verde de Khadafi. Pero como todo dirigente gremial con voluntad de liderazgo, tenía que armar una estructura de seguridad interna. Alguien que controlara un plenario, que garantizara que no hubiese peleas, que no hubiese enemigos, que cuidara la puerta principal y el normal desarrollo de los asados. Alguien que velara, también, por su seguridad personal. Esa responsabilidad, Martínez se la delegó a “Chicho”, su tío, el hermano de su mamá, Doña Isabel. Decía que él le había regalado el departamento donde vivía. Abajo, su mamá atendía una rotisería.
“Chicho” era un civil del Ejército. “Un service”, como se los definía por entonces. Había formado un cuerpo de seguridad para la UOCRA con una docena de hombres, gente de avería, delincuentes con “boletas” impagas, ex “tripletas” (AAA) u hombres de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), quienes conformaron una transición perfecta entre la derecha del peronismo y la dictadura.
Martínez trajo a “Chicho” a Pringles 30 en un tiempo en que los hombres de Papagno querían volver a tener el control del gremio. Y enseguida muchos supieron que “Chicho” era un “service” porque tenía un fusil FAL, un arma del Ejército que excedía cualitativamente las armas cortas de uso gremial. “Chicho” guardaba el FAL en el sobretecho del baño de Pringles 30. Un día, cuando el grupo de la “patota” de Papagno intentó entrar al sindicato “Chicho” frenó al jefe, un fisicoculturista muy respetado internamente (había tirado a alguien por la ventana). Parado en la escalera, “Chicho” lo desafió: “Vení, musculoso. Vení a tirarme a mí, poné un pie en el escalón y te doy con esta...”, y entonces abrió su sobretodo y le apuntó con su FAL. Ese día, el grupo de Papagno no pudo entrar, aunque algunos después se fueron “aggiornando” en la custodia del gremio.
En forma paralela a sus actividades en la UOCRA, Martínez formaba parte del Batallón de Inteligencia 601, como Personal Civil de Inteligencia (PCI). La información que brindó el Ejército indica que prestó servicios a esa dependencia militar entre el 1 de marzo de 1982 y el 31 de diciembre de 1983. En una sentencia judicial, el juez federal Ariel Lijo consideró al 601 como “un engranaje de relevancia para el accionar de la dictadura y la concreción de crímenes de lesa humanidad”.
Martínez era apenas un PCI entre los miles que fueron adoptados por la estructura de inteligencia militar para infiltrarse en sindicatos, universidades, organizaciones sociales para trasladar información al Batallón, que luego se valoraría en la Central de Reunión del 601. Con esa información, se ejecutarían las tareas que correspondieran para hacer más eficiente la represión ilegal. El jefe del Batallón 601 era el coronel Alfredo Valín. Durante la dictadura, desaparecieron 105 obreros en todo el país, 60 de ellos en Capital Federal. Martínez no fue el único “albañil” que respondía a la inteligencia militar (véase recuadro “Los otros albañiles´...”).
Cuando la dictadura empezó a desmoronarse, y el proyecto sindical de permanencia pensado por los militares perdía sustento, Martínez ya estaba afincado dentro del gremio. No se movería. Con la democracia a la vista, empezó a hacer un trabajo político más fino con delegados de obras de la Capital Federal, quienes le podían reportara la adhesión de afiliados, e impedir, de este modo, el regreso “de los viejos” de la lista Marrón. Hizo un muy buen trabajo. En las elecciones de 1984, la dupla Farías-Martínez, de la Lista Blanca venció a la Lista Marrón. Farías fue electo secretario general del gremio y Gerardo Martínez, su secretario de Organización. El mismo cargo, pero en la UOCRA Capital, obtuvo su amigo y compradre Hugo Ferreyra, que lo acompaña hasta hoy. Otro de los vocales de la lista Blanca, Raúl Leiva, también agente civil del Batallón 601 (aparece en el listado de PCI), obtuvo un puesto de vocal (ver recuadro). Un ex CNU, el doctor Julio Lamela, formó parte del equipo de asesores legales del gremio.
La acción gremial en tiempos de Alfonsín fue conduciendo a Martínez a espacios de relevancia. Se convirtió en uno de los “jóvenes brillantes” del cervecero Saúl Ubaldini, titular de la CGT, junto a José Luis Lingeri (OSN), Rodolfo Daer (Panaderos) y Andrés Rodríguez (UPCN). También formaba parte de las 62 Organizaciones Peronistas y se mantenía subordinado al “Sargento” Alejo Farías, pero con la certeza de que él mismo, tarde o temprano, se quedaría con el gremio. Todavía era joven. En 1988 tenía apenas 32 y la capacidad de interpretar cuándo llegaría su momento. A un dirigente de UOCRA que preparaba una lista para enfrentar a Farías, le explicó: “Bajate que lo hacemos ganar y después lo volteamos”. No mentía.
En 1988 Farías obtuvo su segundo mandato. Un año más tarde, con Carlos Menem como presidente, Gerardo Martínez ingresó al Estado. El ministro de Trabajo Jorge Triacca lo designó su jefe de Gabinete. Desde allí, podía intervenir en favor de distintos gremios, pero su intención fue mellar el poder de Farías, que había quedado anclado en el “ubaldinismo” mientras él, Martínez, ya quería colocar al sindicato en la órbita de la nueva tendencia: el menemismo.
Ese mismo año, con un amplio trabajo en todo el país, (logró el apoyo de ex cuadros de inteligencia de la dictadura, asentados en la UOCRA de Rosario y Santa Fe), Martínez logró desplazar a Farías. Seis meses después, como candidato único, obtuvo la conducción del gremio, que al día de hoy no abandonaría.
Cinco años más tarde, en 1995, alcanzaría la jefatura de la CGT. Y luego viraría hacia Eduardo Duhalde (le hizo grabar un video al ex presidente con un saludo para su madre, en su cumpleaños 70) y más tarde, después del 2003, haría un algo forzoso ingreso al calor oficial, a través del control gremial de la obra pública del Ministerio de Planificación y manteniéndose dentro de los parámetros de la “sintonía fina” para los acuerdos paritarios.
Cuando desde algunas líneas del gobierno lo sondeaban como posible sucesor de Hugo Moyano en la CGT, su aparición en la lista de agentes civiles del 601, le hizo perder cierto lustre en la consideración oficial, pero ningún funcionario se animó a vertir alguna declaracion pública en su contra. Desde la Secretaría de Derechos Humanos trataron de atenuar el impacto con un comunicado laudatorio. Según fuentes consultadas en esa oficina, es el primero que se recuerde para un ex agente de inteligencia de la dictadura. (ver recuadro).
Asentado en una poderosa estructura que recauda alrededor de diez millones de dólares mensuales del medio millón de los afiliados de la UOCRA, sin enemigos internos, y a la búsqueda de un apoyo oficial más explícito (logró una foto con la Presidenta en Cannes después del triunfo en las elecciones de octubre), Gerardo Martínez prefiere que su paso como agente civil en la dictadura no manche su foja de servicios gremiales.
Quizá algún día le informe a la Justicia cuál fue su tarea en la inteligencia militar, quién lo reclutó, cuál era la naturaleza de sus informes a la dictadura y a quién reportaba en el Batallón 601 durante el genocidio. Quizá lo haga. En la solicitada publicada bajo su firma en Página/12 del año pasado Gerardo Martínez reivindicó “el camino de la memoria, la verdad y la justicia”. Ahora, además de reivindicarlo, tiene la oportunidad de recorrerlo.
Los otros “albañiles” de la inteligencia militar
Las infiltraciones de la inteligencia militar también incluyeron a otros dirigentes del gremio de la construcción. Durante la dictadura, Horacio Barcos, “Quique”, fue agente civil del Destacamento de Inteligencia Militar 122.
Figura como “agente de reunión”. En mayo de 1978, en Santa Fe, participó del secuestro y tormentos contra José Tur y Amalia Ricotti.
Años más tarde, esta última lo reconoció, lo denunció y Barcos fue juzgado y condenado a 15 años de prisión, que cumple en la cárcel de Las Flores.
En 1996, Barrios, que trabajaba en la Obra Social de la UOCRA, fue designado por Gerardo Martínez como interventor en 1996 en Tres Arroyos.
De esa excursión, se llevó una condena de cinco años por extorsionar a un empresario de la construcción. Barcos se desempeñó como agente de la inteligencia militar hasta 1997. Otro agente civil que aparece en el listado del Destacamento 122, también como “agente de reunión”, es Eduardo Juan Daffunchio, asesor legal de la UOCRA Santa Fe.
Por último, otro agente civil del Batallón 601, muy allegado a Martínez -actuaron juntos en la intervención militar del gremio- es Raúl Alberto Leiva, quien fuera vocal de la UOCRA en 1983. En algunos asados gremiales, Leiva se ufanaba de haber sido un “hombre operativo” de la banda de Aníbal Gordon durante la dictadura. Mencionaba que en esa época Francisco “Barba” Gutiérrez , actual intendente de Quilmes, se les había escapado más de una vez.
Gerardo Martínez designó en varias oportunidades al ex 601 Leiva como interventor de las seccionales de Bahía Blanca y Neuquén de la UOCRA.
El protector menos pensado
La Secretaría de DD.HH. omitió a Martínez en la lista del Batallón 601.
En febrero de 2010, tras un pedido de un juzgado federal de La Plata, el Poder Ejecutivo ordenó por decreto eliminar el secreto de Estado sobre el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. El 601 constituyó el “corazón” de la represión ilegal.
Tenía miles de agentes civiles y militares infiltrados en distintos ámbitos -gremiales, estudiantiles, etc-, a los que denominaban su “comunidad informativa” , quienes producían información y la enviaban al Batallón, donde la analizaban y clasificaban.
En base a ella, actuaban los “Grupos de Tareas”.
La lista de los 4300 agentes fue entregada por el Ejército a la Secretaría de Derechos Humanos, quien a su vez la derivó al Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría.
Ese listado, que publicó la revista Veintitrés por primera vez, en su edición del 18 de febrero de 2010, no contenía el nombre de Gerardo Alberto Martínez, DNI 11.934.882.
Su situación como ex agente parecía quedar a salvo.
En mayo de 2011 Horacio Vertbisky advirtió que el gobierno tenía información “descalificatoria” sobre el pasado de Gerardo Martínez en la dictadura militar, sin agregar otro comentario.
El 12 de julio de 2011, un sindicato de la construcción opositor a Martínez, SITRAIC, denunció la pertenencia del titular de UOCRA al Batallón 601. La noticia alcanzó a los diarios y Veintitrés , en su edición del 14 de julio, explicó que, tras la publicación del primer listado, el Archivo de la Memoria había sumado otras 800 identidades, en las que sí se incluía Martínez.
Sin embargo, más allá de que luego se anexaran o no otros 900 agentes, lo cierto es que Gerardo Martínez, DNI 11.934.882, ya aparecía en el listado confeccionado por el Ejército bajo la firma del general Cesar Milani, con fecha del 5 de febrero de 2010.
(véase facsímil). ¿Por qué la Secretaría de Derechos Humanos omitió su nombre al hacer pública la lista original del 601 a través del Archivo Nacional de la Memoria, y que obtuviera la revista Veintitrés? Según fuentes judiciales consultadas por Clarín , la relación entre Eduardo Luis Duhalde y Gerardo Martínez surgió en un momento complicado para éste último. Antiguos “colaboradores gremiales” de los años ‘80 estaban siendo juzgados por pedidos de coima ante la justicia. Martínez sospechaba que el expediente judicial podría subir y rozarlo. Por entonces, en el año 2000, Duhalde era juez de Cámara en lo Criminal y por su propia iniciativa, en una reunión en la UOCRA, le recomendó a Martínez al penalista radical Zenón Ceballos, con buen poder de lobby en la justicia -gobernaba De la Rúa- y quien, confiaba Duhalde, podía lograr, con su labor profesional, que el avance de la instrucción judicial no afectara al titular de UOCRA.
El consejo de Duhalde fue efectivo. Los hombres de la UOCRA -Juan Ladina, Juan Albani, Juan Segura- fueron condenados por “extorsión” a penas de hasta casi seis años, pero Martínez no fue involucrado en el expediente. Desde ese momento Eduardo Luis Duhalde y Martínez sellaron una relación que continuaría en el nuevo proceso político. A pocos meses de asumir Néstor Kirchner recibió a Gerardo Martínez en la Casa Rosada y Duhalde participó de la reunión.
Por último, la Secretaría DD.HH admitió que el jefe de la UOCRA era agente de la dictadura un año y medio después de que el Ejército entregara el listado del Batallón 601.
Tras la denuncia judicial, realizó dos presentaciones al juez Ariel Lijo, que entiende en la causa. En la primera, en octubre de 2011, informa que Martínez fue agente del 601. En la segunda, en diciembre, le indica al juez que pese a esa pertenencia, el titular de UOCRA no tuvo vinculación con “los crímenes cometidos” durante la dictadura.
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