La Corte se siente víctima de un plan de desgaste

Gremialistas oficialistas y agentes de inteligencia, bajo sospecha

Adrián Ventura
LA NACION

Los ministros de la Corte Suprema están convencidos de que son objeto de un operativo de desgaste. Aclaran que no están dispuestos a renunciar ni se dejarán amedrentar, pero están muy preocupados por un embate que, estiman, tiene orígenes políticos y sindicales. Incluso, algunos de los jueces están seguros de que son vigilados por personal de inteligencia.

Anteayer, un día nada habitual para que la Corte celebrara un acuerdo, los jueces se reunieron con un temario que tampoco era habitual: la atención no estuvo centrada en las causas judiciales, sino en las presiones que dicen estar sufriendo desde hace algunos meses.

En la Corte no creen que este acoso tenga origen directamente en la Presidenta, pero dirigen la mirada a sectores ultrakirchneristas y, más específicamente, al sindicalismo oficialista. Desde que la Corte se pronunció en favor de la libertad sindical, a fines de 2008, y desde que Julio Piumato, líder del gremio judicial y aliado del jefe de la CGT, Hugo Moyano, se convirtió en diputado oficialista, comenzó a ejercerse sobre el alto tribunal una estrategia de pinzas, dijeron altas fuentes del máximo tribunal a La Nacion.

Las acciones para debilitar a la Corte habrían sido muy variadas: desde hacer circular versiones de supuestas renuncias hasta la presentación de varios proyectos de ley para restringir el ámbito de independencia judicial. Y todo parece apuntar al mismo fin: acotar el margen de acción de la Corte.

Un proyecto de ley impulsa darle al gremio de los empleados judiciales un peso decisivo en la obra social del Poder Judicial, desconociendo que ese organismo fue creado por la Corte, que administra con eficiencia unos $ 300 millones. Otra iniciativa busca establecer las paritarias salariales entre la Corte, el Consejo de la Magistratura y el gremio, en desmedro de la independencia de poderes que merece la Justicia. Y una reciente reforma del Consejo habilitó a los empleados judiciales a afiliarse a partidos políticos.

La semana última, la Comisión de Juicio Político rechazó las denuncias pendientes contra algunos ministros del Poder Ejecutivo (Aníbal Fernández y Julio De Vido), pero dejó abiertas las que, sin mayor sustento, fueron dirigidas contra los jueces de la Corte y Julio Cobos. En política, las casualidades son el fruto de las picardías.
Pero la operación de pinzas también incluye versiones todavía más alocadas.

En la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista, la semana pasada en La Plata, para rechazar la renuncia de Néstor Kirchner a la presidencia del PJ, uno de los presentes dijo que había que colocar en la Corte a un juez peronista. Para un sindicalismo que nombra jueces y camaristas laborales, nada parece excesivo. Pero, también, desde algunos programas radiales, el kirchnerismo destiló el rumor de que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni renunciarían para ocupar cargos diplomáticos.

Lorenzetti es un fino jurista; Maqueda llegó desde la política peronista y desarrolla un buen trabajo judicial, y Zaffaroni es un nombre famoso. "Ninguno planea irse ni se irá", afirman en la Corte.
Pero, allí mismo, también surgió otro temor, aún más inquietante: no sólo Lorenzetti fue víctima de espionaje -hay una causa judicial por la interceptación de sus correos electrónicos-, sino que, en los últimos tiempos, algunos de los jueces y sus custodios advirtieron que son objeto de seguimientos.

En un contexto de crispación política, la Corte es, quizás, el único de los poderes estatales capaces de brindarles a ciudadanos y empresas garantías mínimas para la convivencia y para las inversiones. Sin embargo, es posible que algunos sectores políticos cobijados por el ultrakirchnerismo encuentren en el tribunal un peligroso enemigo.

La integración de la Corte se renovó en 2003, cuando Néstor Kirchner impulsó la destitución de los ministros de extracción menemista, y quedó sellada en 2006 cuando una ley redujo el número de jueces de nueve a siete. Sin embargo, a partir de 2007 el alto tribunal dictó varios los fallos que lo alejaron del calor del Gobierno. Caso Badaro

Con el caso Badaro, sorprendió con una actualización de jubilaciones que los poderes políticos se negaban a reconocer. Hace un mes, la Corte ordenó a Santa Cruz reponer en su cargo al ex procurador general Eduardo Sosa. Pero fue a fines de 2008 cuando la Corte dictó el fallo ATE y se ganó la enemistad de la CGT, que lidera Hugo Moyano.

En esa sentencia, el tribunal revalorizó el principio del pluralismo sindical. Los conflictos gremiales que estallaron en los últimos meses en la empresa Kraft, entre los trabajadores de la UTA y los delegados del MST, y la tensión entre la CTA y la CGT parten de ese debate entre pluralismo y unicato.

Hace tres semanas, la Corte estuvo a punto de asestar otro golpe a la concentración sindical: faltaban pocas horas para que dictase un fallo en favor de la Asociación de Personal Legislativo Superior (APS) del Congreso Nacional, que desafía a la Asociación del Personal Legislativo (APL), cuando inesperadamente el representante de APS desistió del recurso, para evitar obtener un fallo en favor de su reclamo. Pero otros delegados de APS se presentaron en la Corte y persiguen aquel fallo.

La política sacude a los jueces.