Por: Pablo Ibáñez
La CGT espera una nueva acordada de la Corte que reafirme la libertad sindical. Esta vez dirá que pueden existir 2 sindicatos en mismo lugar de trabajo, otro gesto de independencia respecto del Gobierno. Esto sumará más reclamos de Moyano por los magistrados que fallan, entienden, contra sus intereses.
El universo sindical que orbita en torno a la CGT de Hugo Moyano entró hace una semana en un período de tensión contenida frente a la presunción -para algunos certeza- de que es inminente un fallo de la Corte Suprema contra el monopolio sindical.
El dictamen, según trascendió, profundiza la línea conceptual de la decisión que el 11 de noviembre de 2008 tomó el tribunal cuando declaró inconstitucional el artículo 41 de la Ley de Asociaciones Sindicales, en lo que significó un avance de la libertad gremial.
Por entonces, los cortesanos determinaron que no era imprescindible para ser electo delegado de base estar afiliado al sindicato reconocido en la actividad. De ese modo, le quitó -al menos simbólicamente- a la jerarquía el dominio de todo el aparato gremial.
El fallo que, según circula entre abogados laboralistas, ya tiene la firma de la mayoría de los miembros de la Corte -algunos hablan de unanimidad- explora un tema todavía más sensible: autoriza la conformación de un sindicato donde ya funciona otro.
El caso en disputa es el que se entabló entre la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación del Personal Superior del Congreso (APES). Esta última entidad se enfoca en el personal jerárquico del Poder Legislativo y fue reconocido por el Ministerio de Trabajo.
Antes de llegar a la Corte, ese expediente transitó múltiples oficinas. El 31 de mayo de 2004, Carlos Tomada, con la Resolución 389, le otorgó la personería a APES, determinación administrativa que fue objetada por APL, UPCN y, pese a impulsar vía CTA la libertad sindical, ATE.
A pesar de la objeción de los tres gremios que conviven en el ámbito del Congreso, sólo APL -que conduce Norberto Di Próspero- recurrió la resolución y elevó el planteo a la Cámara Laboral que el 26 de abril de 2005 rechazó lo dispuesto por Tomada.
Sugerente
El dictamen de la Sala VI sugiere, leído entre líneas, más que su texto sustancioso: Rodolfo Capón Filas y Juan Carlos Fernández Madrid, que fallaron a favor de APL, invocan en su voto la doctrina Recalde respecto de que la creación de nuevos sindicatos debilita a la asociación gremial.
En disidencia votó Horacio Héctor de la Fuente, quien considera inconstitucional el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Sindicales, la 23.551, que aparece en este caso como el eje esencial de la disputa y promete, incluso más que el 41, una ola de tensión.
La razón es sencilla: el artículo 30 limita la creación de nuevos sindicatos a que existan «intereses sindicales diferenciados» con lo cual, en una mezcla entre ambigüedad y preciosismo, reduce el margen para el surgimiento de nuevos gremios.
En rigor, si como ocurrió con el artículo 41, la Corte declara inconstitucional el artículo 30, se caería la «barrera» legal para el surgimiento de nuevos gremios. El rechazo de la CGT es puntual: atomizar la representación sindical no hace otra cosa que debilitar la representación sindical.
Existe, como contracara, el argumento de la CTA que se apoya sobre criterios de la OIT -nunca acatados por el Gobierno a pesar de múltiples y firmes observaciones- respecto de que la prioridad es que el trabajador tenga libertad para elegir la entidad sindical a la que quiere pertenecer.
De fondo, otra vez, surge el debate respecto del reconocimiento o no a la CTA como central sindical paralela a la CGT, punto que Tomada volvió a plantear negativamente la semana pasada pero que, en la sede cegetista de Azopardo, asumen que se le concederá «tarde o temprano».
El fallo que esperan para estas horas -ayer se especulaba que podría publicarse hoy- no haría otra cosa que confirmar ese temor.
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