En horas de la mañana, cuando el equipo de trabajo del Sitraic se dirigía hacia una obra en conflicto, ubicada en la localidad de Villa Fiorito, pudo advertir la presencia inusitada de una cantidad llamativa de oficiales de policía en las inmediaciones del lugar.
Cuando se pudo indagar al respecto dimos con la información de que se trataba de un operativo montado para efectuar la detención de los compañeros del Sitraic que intentaran garantizar la continuidad del cese de actividades impulsado junto a los trabajadores de la obra en cuestión.
La orden salió de la UFI n°10, dispuesta por la agente fiscal Bonafini Mariela, cuya intervención es un manifiesto impedimento a que se ejerza el derecho a huelga consagrado por la legislación argentina. Cabe también señalar que llama la atención la rapidez y la exposición de la fiscalía n°10 en un conflicto de estas características, con el propósito de favorecer a la UOCRA y a la patronal armando una causa contra los compañeros del Sitraic, en una flagrante violación de los derechos sindicales de los trabajadores.
Scioli, Granados, la policía y la justicia, actúan de inmediato para garantizar la impunidad de las patronales que negrean a los trabajadores de la construcción mientras demoran la resolución del caso Darío Avalos por el cual nos hemos movilizado reiteradas veces. Dejan a la luz los intereses sociales que defienden y los vínculos políticos y materiales que los unen con las patronales y la patota de la UOCRA.
La orden de que el Sitraic no ingrese a la obra va apuntada a combatir la campaña contra el trabajo en negro que venimos realizando en las obras de la zona. Las patronales han reforzado su alianza con la UOCRA como medio para sostener las condiciones de trabajo esclavo que tanto los ha beneficiado a ambos. La intervención de poder político esta encauzada es resguardar esa alianza estratégica, en vez de poner todos los recursos para terminan con el trabajo en negro en la zona.
El Sitraic va reforzar la campaña contra el trabajo en negro, ahora más que nunca. Nuestra acción ha comenzado a fisurar ese acuerdo criminal que le cuesta a miles de trabajadores sus condiciones laborales y a otros tantos la vida.
