Nuevo proyecto de Ley de Riesgos de Trabajo

Merece un paro general

El proyecto que se debatirá a partir del miércoles en diputados  que ya tiene media  sanción en el senado es un “logro” al que aspiraron sin éxito Menem y Cavallo: la redacción del mismo está calcada de la ley 24028 dictada en el ´91. Sin embargo, los artículos más nefastos de esta ley fueron volteados por fallos de la propia Corte Suprema en años posteriores fundamentalmente el “Caso Aquino” que fue (como el famoso fallo Badaro del 82% móvil), el que oficializó que el trabajador podría apelar a la justicia laboral después de haber recibido la indemnización de la ART si consideraba que no se había cumplido con la correspondiente indemnización por su accidente u enfermedad profesional. El corazón del proyecto está hecho  para eliminar  la defensa del trabajador de recurrir a la justicia laboral.

En la argentina estamos ante una verdadera masacre laboral que viene desarrollándose desde el menemismo hasta nuestros días ¿De qué estamos hablando exactamente? Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo hay en promedio 650000 infortunios laborales anuales. A  este dato “oficial” hay que agregarle otro el del 35% proveniente de los accidentes laborales en el trabajo no registrado  lo que llevaría la cifra a 900000 accidentes anuales. Por si esto fuera poco a esta cifra hay que agregarle  que una parte importante de las acciones judiciales que se libran en defensa de la salud del trabajador incluyen las llamadas “enfermedades profesionales” de las que se estima que la Superintendencia de Riesgos del trabajador sólo reconoce el 20% de las realmente existentes y que están reconocidas por la propia OIT. Como se ve, estamos hablando de más de un millón de accidentes anuales cuando los asegurados en las distintas ART  ascienden a 8 millones de trabajadores.

Bajo el capitalismo se hace plata hasta de la tragedia. Por eso en materia de las Art se ha producido una enorme concentración de riqueza en muy pocas manos. La misma SRT reconoce que en la actualidad quedan 23 ART  para los 8 millones de asegurados en 800 000 establecimientos, pero que en la actualidad sólo las 10 primeras contienen el 90 por ciento de los asegurados. Se ha producido una monopolización de ART y la misma va contra el trabajador. Lo que paga una empresa a la ART es el 5%  del salario de un trabajador si este está en una PYME o en un establecimiento de menos de 50 trabajadores. Cuando crece el establecimiento vienen los “ofrecimientos” de las grandes ART que hasta ofrecen un 0,7% de la alícuota salarial por trabajador en una feroz pelea capitalista. Cuando más baja es la cuota que pagan las empresas a la ART más dura es la ART con las indemnizaciones que se pagan al obrero lo que abrió en la argentina la lucha judicial por el verdadero resarcimiento.

El nuevo proyecto del gobierno pretende obligar a un trabajador accidentado o enfermo a optar entre Guatemala y guatepeor.  O acepta la tarifa pautada por estos grandes pulpos o va a juicio sin recibir por lo tanto un solo centavo de indemnización. Todo esto en las peores condiciones psíquicas  pues está impedido de trabajar y un juicio puede llevar años con lo que resulta que la elección es un crimen.  Es la aceptación lisa y llana de lo “que le den” o un futuro incierto.

Con el nuevo proyecto el trabajador es extorsionado para no ir a la justicia laboral. Una verdadera aberración jurídica pues no se puede trasformar por oscuros  intereses capitalistas de una relación laboral en una relación civil. El accidente o la enfermedad profesional siguen siendo accidentes o enfermedades de trabajo, el patrón sigue siendo patrón  y el trabajador sigue siendo un trabajador en relación de dependencia Los motivos  de fondo  para el intento de cambiar la jurisdicción de los juicios  son: 1) dilatar el cobro de una sentencia, hoy se amontonan centenares de miles de juicio en la justicia civil 2) los montos civiles son inferiores a los montos de los juicios laborales 3) se establece  un sistema nuevo para el cálculo de las remuneraciones, tanto de las ART como de los propios juicios que es llamada RIPTE que prestigiosos laboralistas consideran una verdadera estafa al trabajador pues las indemnizaciones no tendrán como base indemnizatoria el mismo ingreso actualizado con los aumentos adicionales y beneficios que se cobraban al momento de producirse el accidente sino un índice difuso, trimestral que sólo contempla las remuneraciones sujetas a aportes previsionales lo que no es poco en un país donde lo no remunerativo es generalizado. Como se ve todo está hecho para que el trabajador desista de hacer el juicio.

La burocracia sindical y los accidentes laborales

Una parte de la burocracia sindical  en particular la de la CGT Balcarce  ha aceptado  el nuevo proyecto  pues ha  vislumbrado  un nuevo negocio. Armar ellos su propia ART que según el mismo decreto no podrá tener “fines de lucro” como no los tienen los sindicatos con los que se han enriquecido los burócratas sindicales del país.  Pero veamos detenidamente la ART Mutuas, pues serán un nuevo campo de enfrentamiento contra la burocracia sindical. El accidente de un obrero colocará al sindicato en la disyuntiva de defender el interés individual del trabajador o el mismo deberá aceptar las migajas que regirán las indemnizaciones en el nuevo proyecto. Esto crea desde el vamos la base de un conflicto pues si un obrero rechaza la indemnización deberá ir a juicio accionando contra su propio sindicato lo que seguramente le deparará represalias de la burocracia. Por otro lado ¿quien controlara las alícuotas que la burocracia de las ART –Mutuas, les cobren a las patronales  En los términos de la pelea capitalista que mencionamos en  este artículo.

De solo imaginar que Gerardo Martínez encabece una ART mutua a cualquier trabajador se le pone la piel de gallina cuando es de público conocimiento que la UOCRA está en mas alto nivel de accidentes y muertes laborales en el país por el solo hecho de que la burocracia coimea directamente a las patronales  para seguir haciendo lo que les plazca con las condiciones d e trabajo de los obreros.

La nueva ley de ART debe ser rechazada por el movimiento obrero, como las tercerizaciones y el conjunto de la precarización laboral debe ser volteada con la lucha de los trabajadores. La derogación de este proyecto merece largamente una huelga general hasta su retiro definitivo porque es un golpe estratégico a las condiciones de trabajo de millones de obreros en la Argentina.