El secretario general del gremio de la UOCRA, el ultra kirchnerista Gerardo Alberto Martínez, cuyas patotas apalean petroleros y docentes en Santa Cruz, pobres en el Indoamericano, y obreros y activistas en todo el país; el mismo que fue encubridor del negreador Shocklender, trabajó durante toda la dictadura para el Batallón 601 del Ejército como personal civil de inteligencia. Al mismo tiempo, ya revistaba en la UOCRA. Según el listado de la Conadep, hay por lo menos 105 trabajadores de la construcción desaparecidos en el mismo lapso en que este burócrata cumplía su doble tarea.
Hoy, justo a tres meses de la tremenda golpiza que la patota de la UOCRA propinó a docentes y estatales santacruceños, hecho por el que no hay un solo detenido -mientras sí siguen encausados los cuatro docentes detenidos en la represión posterior en la ciudad de Buenos Aires- un conjunto de organizaciones, encabezadas por el SITRAIC (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción) y patrocinadas por CORREPI, junto al CeProDH y Cadep, denunciaron ante la justicia federal que quien hoy revista como secretario general del poderoso gremio de la UOCRA, es presidente de su Fundación y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, trabajó, desde 1976, y, por lo menos, hasta 1983, en el temible Batallón 601 de Inteligencia, centro operativo del terrorismo de estado durante la dictadura. De él dependían varios Centros Clandestinos de Detención en todo el país, el principal Campo de Mayo, donde desaparecieron más de 3.000 personas, y se planificaban y realizaban tareas inteligencia sobre todos aquellos grupos y personas consideradas “subversivas”, utilizando tácticas de infiltración, seguimientos, secuestros, torturas y desaparición final mediante el asesinato de los cautivos y ocultamiento o destrucción de sus cuerpos.
En una palabra, el burócrata sindical al que la presidenta Cristina Fernández promueve como recambio de Hugo Moyano al frente de la CGT, fue compañero de trabajo de personajes célebres como Leandro Sanchez Reisse y Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino, y, con ellos, co-responsable de miles de secuestros, torturas y desapariciones.
La presentación se basa en un documento oficial. En el sitio web del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, figura el listado del personal civil de inteligencia del Batallón 601 de Inteligencia enviado el 5 de febrero de 2010, por el general Milani, Director General de Inteligencia, a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré. En la foja 52, con número de orden 2.798 (la lista contiene más de 4.300 nombres, y hay otra con 900) figura Gerardo Alberto Martinez, DNI 11.934.882. Los firmantes del escrito verificaron en bases de datos oficiales, como el Anses, que se trata de la misma persona, que ya en 1977 era afiliado de la UOCRA y que, en 1985, accedería a la secretaría de organización, y en 1990 a la secretaría general.
Claro que Gerardo Martínez no es el único de su clase que, siendo servicio de la dictadura, se infiltró en un sindicato. Horacio Barcos, burócrata santafesino de su mismo gremio, fue designado en 1996 interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA. Fue reconocido por la esposa de José Tur, dirigente de CTERA desaparecido, como quien los secuestró, torturó y asesinó a su esposo durante la dictadura, hecho por el que fue condenado a 15 años de prisión. Este amigo de Martínez trabajó en el Batallón de Inteligencia Militar 122 (versión santafesina del 601) desde enero de 1976 hasta mayo de 1997. Del mismo modo, Eduardo Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, revistó en el mismo Batallón 122, hasta 2009 (figura en la foja 24, nº de orden 1.271 de la Nómina del Personal Civil del Batallón de Inteligencia 122).
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