"La Corte cuestionó todo el modelo sindical argentino, un modelo de sindicato único. El Gobierno ya no puede hacerse el distraído. La sentencia es una respuesta a los reclamos de la OIT y, además, tuvo muy buena repercusión entre algunos funcionarios de Ginebra", dice Mario Ackerman, jurista argentino que es uno de los 16 miembros de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ayer, la Corte Suprema, en el caso ATE contra Ministerio de Trabajo, declaró inconstitucional el artículo 41, inciso a, de la ley 23.551, y dispuso que, de ahora en más, para ser delegado de los trabajadores, el delegado no tiene necesariamente que estar afiliado a un sindicato con personería gremial.
El fallo de la Corte, que cita numerosas normas internacionales, tuvo inmediata repercusión entre juristas de la OIT, porque este organismo había formulado en los últimos años ocho observaciones a la Argentina. La última fue hecha en junio último, durante la última reunión de la Comisión de Expertos.
Explica Ackerman que entre las violaciones del Convenio 87, sobre libertad sindical, la OIT reclama que la Argentina modifique la ley sindical para que permita la libre formación de sindicatos de empresas; que los sindicatos simplemente inscriptos tengan derechos sindicales, como protección de sus dirigentes, retención de las cuotas por el empleador y exenciones impositivas.
El fallo que ayer dictó la Corte es un primer paso en esa dirección y todavía está lejos de llegarse a esa meta.
Pero la sentencia es más importante de lo que parece: "La Corte no sólo invalidó las restricciones para ser delegado gremial, sino que cuestionó, principalmente, todo el modelo sindical argentino, al que directamente calificó de monopólico".
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