Sombras de violencia y corrupción

Fuente: La Nación
Por Martín Rodríguez Yebra

Roberto Roger Rodríguez era un actor de reparto en la trama de negocios turbios que involucra cada vez con más fuerza a gran parte del sindicalismo peronista. Administraba millones de pesos provenientes del Estado, conducía desde hacía años una obra social que operaba con la droguería acusada de la gran estafa de los medicamentos adulterados y la Justicia vigilaba sus pasos desde hacía meses.

No hay indicios por ahora que liguen su asesinato con la mafia de los remedios. Pero el crimen, preparado y ejecutado con frialdad profesional, dejó en estado de shock a los grandes jefes gremiales del país en el despertar del año electoral: los preocupa el impacto político de un caso policial que los vuelve a ligar con un destino de violencia, impunidad y corrupción.

Ese hilo invisible une la ejecución a sangre fría de Rodríguez con el crimen de Mariano Ferreyra a manos de una patota de la Unión Ferroviaria, con las muertes en grescas del gremio de la construcción o con otros asesinatos conmocionantes, como el del tesorero de Camioneros, Abel Beroiz, tres años atrás. Todos ocurrieron en una etapa en la que el sindicalismo ortodoxo ganó en poder, ambición política y recursos económicos, hasta el punto de convertirse en uno de los pilares principales del movimiento kirchnerista.

Rodríguez era un gremialista opositor, de un sindicato aliado al ahora duhaldista Luis Barrionuevo. Pero la polvareda que levanta su muerte incomoda también al líder de la CGT, Hugo Moyano: nada lo desespera más que el avance de la investigación por la estafa con los remedios. Un suceso tan conmocionante como el asesinato de un jefe gremial ligado al caso sólo puede traer nuevos problemas, razonaban en su entorno.

Incomodidades

El gobierno de Cristina Kirchner hizo culto al silencio. La Presidenta se enteró del drama en un día triste, en el que se preparaba para conmemorar los tres meses del fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner. A ella le molestan mucho más a que a él los escándalos de violencia y corrupción del mundo sindical. Critica en privado el gremialismo empresario, que quedó tan en evidencia a partir del crimen de Ferreyra -con los negocios de la Unión Ferroviaria- y que tiene al propio Moyano como ejemplo de manual. Duda, incluso, de la necesidad de darle un protagonismo central al líder camionero en la campaña presidencial que está a punto de arrancar.

Practica, sin embargo, un delicado equilibrio: se muestra menos con estos "aliados incómodos", pero hasta el momento no ha tomado medidas determinantes para cambiar el viejo modelo sindical. Tampoco el ala progresista del Gobierno, en teoría cada vez más influyente, se preocupa demasiado por mirar detrás de esa puerta.

En la Casa Rosada tiemblan también al pensar en un año de tensiones sindicales que complique el camino a la reelección presidencial, que hoy imaginan allanado. La pelea salarial amenaza con estallar a partir de marzo en reclamos de alta intensidad y seguramente arreciará la presión de Moyano y sus hombres por lugares en las listas electorales. Sucesos como el de ayer no hacen más que agitar las aguas.

El hecho de que la víctima fuera un dirigente opositor y la falta de certezas sobre el móvil del crimen aconsejaron al Gobierno esperar antes de opinar. En fuentes del área de Seguridad se barajaban desde sospechas de un crimen pasional hasta un castigo por negocios personales de la víctima. En el duhaldismo ventilaron también esas hipótesis y sumaron la idea conspirativa de una venganza por razones políticas. Señales del desconcierto.

Sólo quedó en claro que la banda actuó con absoluta frialdad, en un lugar público y con la marcada intención de dejar el sello indeleble de la mafia.