Se estudia una nueva ley sindical

Fuente: Diario Critica
Por Mariano Martín

EL GOBIERNO ANALIZA MODIFICARLA POR DECRETO Y RECONOCER A GREMIALISTAS NO AFINES

Por la inminente visita de técnicos de la OIT, el Ministerio de Trabajo desempolvó un proyecto que protege a delegados de sindicatos apenas inscriptos y les permite cobrar una cuota. El caso testigo del subte.

El Gobierno analiza modificar por decreto aspectos de la ley sindical. El proyecto, que estudian los técnicos del Ministerio de Trabajo y de la CGT, apunta a resguardar la normativa, que consagra el monopolio de representación sindical, de los fallos de la Corte Suprema que sellaron la inconstitucionalidad de varios de sus artículos. Con la iniciativa el Ejecutivo también intentará zafar de una nueva reprimenda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en los últimos años le demandó adecuar su legislación laboral a los criterios de libertad sindical del organismo.

El proyecto de decreto en elaboración atiende al menos dos de los puntos cuestionados por el máximo tribunal: la protección de los delegados y activistas de los sindicatos simplemente inscriptos (aunque no reconocidos plenamente) y la facultad de esas organizaciones de cobrar una cuota a sus adherentes. Ambas facultades hasta ahora están limitadas sólo a los sindicatos con personería gremial.

Se trata de un proyecto cuyos puntos centrales llevan años de estudio en la cartera laboral y que hasta hace pocos días dormía en los cajones de esa repartición. Sin embargo, los funcionarios debieron desempolvar la documentación ante la visita a la Argentina en mayo de una misión de la OIT, programada para brindarle al Gobierno “asistencia técnica” para adecuar la legislación laboral a los convenios de la organización.

Los técnicos de Trabajo especulan con que la mera presentación del borrador de decreto y de la documentación con los pasos que dio el trámite de la CTA para la obtención de su personería gremial (pendiente desde 2004) será suficiente para eludir una condena de la OIT en su conferencia anual, en junio próximo. La principal objeción del organismo a la legislación argentina es por la incompatibilidad entre la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, y el Convenio 87 del organismo, que garantiza el derecho a la libre sindicalización.

La legislación argentina establece que sólo puede haber un sindicato por rama de actividad. Ese criterio es defendido tanto por la CGT, cuyos sindicatos son mayoría respecto de los nucleados en la CTA, como por las principales cámaras patronales, habituadas a negociar con los gremios de la central mayoritaria.

Fuentes sindicales ligadas a la negociación confirmaron la preparación del proyecto, que servirá para reglamentar aspectos de la ley 23.551. Pero también aclararon que su principal objetivo será satisfacer a la OIT sin que necesariamente implique su efectiva aplicación.

El jefe de la CGT, Hugo Moyano, avaló las tratativas una vez que lo anoticiaron. Hasta hace pocos meses el camionero había vetado cualquier modificación a la ley sindical, pero la posibilidad de nuevos fallos de la Corte que ampliasen las grietas de la 23.551 terminó por convencerlo de hacer alguna concesión.

La iniciativa tiene como antecedente la resolución parcial del conflicto en el subterráneo. Después de varios años de controversia y enfrentamientos entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que en lo formal representa al personal del servicio, y los delegados de base del sector, el Ministerio de Trabajo orquestó en noviembre pasado un acuerdo salomónico: si bien no concedió la inscripción gremial que reclamaban los delegados, la cartera laboral les reconoció un grado de protección frente a sanciones (tutela sindical o fueros) y les garantizó su participación en las negociaciones con la empresa concesionaria Metrovías. También los habilitó a cobrar una cuota sindical a sus afiliados.

El proyecto del decreto reglamentario cobró velocidad tras confirmarse la llegada a la Argentina de la Misión Preliminar de la Comisión de Asistencia Técnica de la OIT, que el propio Gobierno había pedido, pautada entre el 3 y el 7 de mayo próximo. Esa confirmación coincidió, además, con un nuevo informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la organización, que volvió a reprocharle al Ejecutivo la demora en el trámite de reconocimiento de la CTA.

Si bien en la central alternativa festejaron ambas novedades, interpretaron que el pedido de “asistencia técnica” hecho por el Ejecutivo sólo intentará darles a los expertos argumentos para evitar una condena en la conferencia de junio, pero no implicará un plan concreto de adecuación de la legislación local. La misma tesis sostienen en la CGT, donde aspiran a dilatar las definiciones hasta después de finalizado el mandato de Cristina Fernández. En esa línea se inscribe el borrador de decreto.

Sin embargo, la presión de la OIT y de la Corte, que tiene en estudio nuevos fallos relacionados con la libertad sindical en la Argentina, puede conspirar contra ese plan de dilaciones acordado entre el Ejecutivo y la CGT.

En noviembre de 2008 y en diciembre del año siguiente la Corte dictó dos fallos que dañaron en profundidad la ley 23.551: en el primero, juzgó inconstitucional el impedimento de llamar a elección de delegados en los gremios simplemente inscriptos y, en el segundo, extendió la tutela sindical a los activistas de una organización no reconocida.